Violencia contra las Mujeres: El Principal Problema de las Peruanas
La violencia de género contra la mujer es una vulneración a los derechos humanos, expresión del poder, dominio y control que se ejerce sobre sus cuerpos y vidas; como tal restringe el goce de derechos como la igualdad, la libertad, la autonomía y la integridad, entre otros. Pero además de la violencia directa, en el contexto de las relaciones familiares e interpersonales, también está la violencia de la política, la de los símbolos culturales y la de las condiciones económicas.
Esta violencia contra la mujer se expresa a través de cualquier acción u omisión intencional que la dañe o pueda dañarla porque se desvía de los estereotipos socialmente construidos, y aparece como consecuencia de la jerarquización y desigualdad entre lo masculino y lo femenino . Es decir, se trata de una violencia ideológica, arraigada en la cultura y sexualizada, o que se ejerce contra la víctima principalmente por ser mujer, con el fin y el resultado de disciplinarla, perpetuar su supuesta inferioridad y limitar su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, sus bienes y sus planes de vida.
Percepción pública del problema
Para más de la mitad de los y las encuestadas el problema principal de la mujer en el Perú es la violencia física, dándose la percepción más alta en la ciudad de Pucallpa (60%). El segundo problema es la violencia psicológica, seguida de los embarazos no deseados, el acoso y la violencia sexual. Todas ellas expresiones de la cultura de la disponibilidad masculina sobre el cuerpo, el deseo y la voluntad femenina.
¿Cuáles son los tres principales problemas de la mujer peruana?
Según datos de las Encuestas Nacionales de Demografía y de Salud (ENDES 2010), la prevalencia de la violencia física y psicológica en el país, pese a la existencia de leyes especiales y de un Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, ha disminuido en los últimos diez años en apenas 2.8 puntos porcentuales, manteniéndose con valores elevados:
Violencia física y psicológica hacia las mujeres ejercida por el cónyuge/compañero
¿Conoce usted a alguna mujer que haya sido víctima de maltrato… por parte de su pareja? (%)
El 87% de las y los encuestados en estas ciudades considera que no hay ninguna razón que justifique la violencia contra las mujeres, aún así un 10% todavía opina que sí; siendo considerablemente alto en Ayacucho (20%). Entre las razones señaladas se menciona mayoritariamente el comportamiento de las mujeres (87%) y la infi delidad (58%), además de no cumplir con su rol de madres, ser conflictivas/histéricas, alcohólicas, entre otras.
¿Por qué creen que la mujeres toleran situaciones de violencia por parte de su pareja? (%)
En cuanto a la violencia sexual, según datos de la ENDES 2010, el 7,8% de las mujeres alguna vez unidas declararon que su esposo o compañero las obligaron a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad; el 4,6% que las obligaron a realizar actos sexuales que ellas no aprobaban, lo que guarda relación con el discurso de los varones: el 20% de ellos considera que en caso de que la mujer rehusara tener relaciones sexuales con el marido, el hombre tiene derecho de molestarse.
La situación se agrava si se considera que las mujeres peruanas ya no pueden acceder a la anticoncepción oral de emergencia de manera gratuita en los servicios de salud del Estado, sino que deben comprarla; en ese mismo sentido es necesario considerar que el aborto en caso de violación sigue estando está penalizado, aunque más del 50% de los y las encuestadas en Lima y Ayacucho considera que debería permitirse.
¿Debería permitirse el aborto en casos de violación sexual?
¿Qué piensa que se debe hacer o cambiar para erradicar la violencia? (%)
Acceso a la justicia
La realización del derecho a acceder a la justicia no se agota en la creación de la norma. Para que el sistema opere se requiere de la denuncia. Según datos de la encuesta el 84% afirma que una mujer maltratada siempre debe denunciar a su maltratador. La ciudad de Huamanga (Ayacucho) es la que en mayor porcentaje (24%) considera que la formulación de la denuncia dependería de la gravedad del maltrato, es decir, que no todo hecho de violencia sería denunciable.
Sin embargo, son las mujeres quienes en un abrumador 89% consideran que siempre se debe denunciar. Esto constituye una importante oportunidad para mejorar la oferta de servicios de las instituciones que intervienen y lograr que el sistema responda oportuna y adecuadamente, evitando que la denuncia se convierta en un factor de riesgo adicional.
¿Cree que una mujer que ha sido maltrata debe denunciar a su maltratador?
¿Conoce a qué lugares deben acudir las víctimas de violencia física, psicológica o sexual?
En el caso de los servicios de salud, el bajo reconocimiento podría deberse a que no se trata precisamente de un espacio de denuncia, sino más bien de la atención para la recuperación o acreditación de los daños en la salud física y/o mental necesarios para proseguir una acción legal. Si bien la evaluación y expedición de los certificados médicos es gratuita , la atención y recuperación de la salud no está garantizada a través del Seguro Integral de Salud (SIS), ni del sistema de salud en general.
En cuanto a las percepciones sobre las principales razones por las cuales las mujeres tolerarían la violencia, llama la atención los altos porcentajes que en las ciudades de Huamanga (62%) y Pucallpa (63%) aluden a las/os hijos; mientras que los motivos económicos (56%), la baja autoestima (56%) y la esperanza de cambio (31%), son marcadamente más altos en Lima:
Razones por las cuales se tolera la violencia
Estas razones tienen como base representaciones culturales de la femineidad, como la dependencia, la escasa autonomía económica, la tolerancia y aguante de las mujeres para que la relación de pareja perdure evitando la soledad como “incomplitud”; además de la desconfianza en la administración del sistema de justicia. Estas representaciones de la desigualdad y las condiciones en las que viven las mujeres (brecha salarial de género, ausencia de programas de inversión productiva y empleo), son el caldo de cultivo sobre el que germina la violencia.
Nada que no se pueda revertir con decisión política, asignación de recursos, campañas de prevención e información y sanción efectiva a los agresores. Al respecto el 55% de las y los entrevistados considera que para erradicar la violencia es fundamental trabajar campañas de difusión en los medios de comunicación nacional, reforzar en las niñas y niños el respeto por todas las personas (52%) y mejorar las leyes sobre violencia (52%).
Es importante mencionar que las mujeres de las zonas urbanas cuentan con algunos servicios de atención y protección especializada frente a la violencia, pero son las mujeres de las zonas rurales y de las comunidades andinas y amazónicas las que llevan la peor parte ya que deben enfrentar la violencia de género con leyes que responden a una lógica e institucionalidad urbana. Deben además vencer las barreras geográficas y el racismo, comunicarse en una lengua que no es la propia, carentes de redes de influencia y de recursos para contratar una defensa especializada y movilizarse. Así, el problema de acceso a la justicia de la población indígena femenina no radicaría solamente en las barreras nombradas sino también en la existencia de problemas de discriminación de género que atraviesan tanto el sistema estatal como el comunitario.
La sanción
Desde 1993 la legislación peruana cuenta con una ley especial de protección frente a la violencia familiar, la ley 26260; sin embargo, las conductas descritas en esta norma no constituyen por sí mismas fi guras penales o delitos, por lo que solo es posible lograr una sanción efectiva que contemple la pena privativa de la libertad en aquellos casos en que los actos de violencia constituyen el delito de lesiones; de allí el limitado acceso a la justicia, incluso para las víctimas cuyas denuncias no llegan a constituir un delito y son procesadas como faltas. En este último caso, el Informe Defensorial 95, señala que sólo el 6% de los casos de violencia familiar investigados en los juzgados de paz concluye con un fallo condenatorio.
Frente a la impunidad que genera el sistema, el 57% del total de las y los entrevistados considera que los agresores deben ir a la cárcel. Sin embargo, en el caso de las mujeres, las principales víctimas de la violencia, un abrumador 73% considera que así debe ser siempre; y solo para un 23% de mujeres ello dependería de la gravedad del maltrato.
En su opinión, ¿las personas que maltratan físicamente a una mujer deben ir a la cárcel? (%)
http://www.malostratos.org/images/pdf/valencia%20costes%20violencia%20genero.pdf Visitado: 26.10.10
