Servicios de salud para las víctimas de violencia sexual: una análisis de cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales

El Observatorio del Derecho a la Salud, del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), busca promover la capacidad de vigilancia social de las políticas y programas de salud, considerando la incorporación del enfoque de género y el cumplimiento de los compromisos de derechos humanos en salud, con énfasis en la salud sexual y reproductiva.

.La violencia sexual contra las mujeres es un problema de salud pública, ya que además de causar lesión física inmediata y angustia,también contribuye a aumentar el riesgo de las mujeres de tener mala salud en el futuro. Ello determina la necesidad de que el tema reciba una atención especial por parte de los y las profesionales de la salud y de disciplinas relacionadas.

Este estudio surge de la iniciativa de la Mesa de Vigilancia Ciudadana en Derechos Sexuales y Reproductivos, a partir del testimonio de una adolescente de 17 años que fue violada y acudió a un hospital de la gran Lima.

En este servicio, apartándose de lo establecido en el protocolo, el médico que la atendió no sólo no le brindó la información necesaria, sino que tampoco le proporcionó la anticoncepción oral de emergencia, convirtiéndola nuevamente en víctima y exponiéndola al riesgo de una maternidad impuesta, hecho extremadamente grave si se tiene en cuenta que en el Perú las mujeres embarazadas como consecuencia de una violación sexual no tienen derecho al aborto.

Si bien se carece de estadísticas que permitan determinar la real dimensión de este problema, ya que no hay un sistema único de registro a nivel nacional, existen estudios parciales o aproximaciones que nos hacen presumir que la situación sufrida por esta adolescente no constituye un caso aislado.*

Debemos tener en consideración que en el marco de los instrumentos internacionales ratificados y de la normatividad nacional vigente, el Estado peruano está obligado a prevenir la violencia sexual contra las mujeres y que, cuando esto no ha sido posible y la violación se ha producido, debe asegurar a las víctimas el acceso a la justicia, la reparación, la atención y la recuperación de su salud, y garantizar el acceso a medidas rápidas para evitar consecuencias aún mayores.

El Observatorio, a través del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), encargó a Rossina Guerrero, con la colaboración de Susana Chávez, el desarrollo del presente estudio a fin de determinar el cumplimiento de la normativa nacional referida a la atención de las víctimas de violación sexual en los servicios de emergencia de los hospitales de las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Lima y Puno, para, a partir de la evidencia, ayudar al Ministerio de Salud a construir la solución.

La información que se obtuvo permite concluir que el Estado peruano, pese a la normatividad desarrollada y a las mejoras implementadas durante la última gestión ministerial, no está cumpliendo con su obligación de garantizar el derecho a la atención de emergencia en salud para las víctimas de violación sexual, pues no se está aplicando el protocolo de atención contenido en las Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva (R. M. 668-2004-MINSA), ya sea por ignorancia de los prestadores, por el prejuicio de que la violación sexual contra las mujeres no es un hecho grave e intolerable y por ello no amerita ser atendido en un servicio de emergencia, porque se piensa que la anticoncepción oral de emergencia sólo debe prescribirse cuando la víctima se encuentra en su período de ovulación o porque no se cuenta con los insumos necesarios.

En ese sentido, esta publicación, habiendo identificado los nudos que existen en la atención de las víctimas de violencia sexual en los servicios de emergencia de los hospitales públicos, pone los hallazgos a disposición de la ciudadanía y del Ministerio de Salud, a fin de facilitar la implementación de las medidas correctivas.

Investigaciones e intervenciones sobre violencia sexual desarrolladas en América Latina y El Caribe

Presentación
La Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) es una institución sin fines de lucro, que agrupa a las instituciones (sociedades, asociaciones o federaciones) científicas que en América Latina se consagran al proceso de la Obstetricia y Ginecología..

Desde el año 2002, FLASOG ha asumido el compromiso de defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de América Latina, centrando su intervención en los siguientes aspectos:

• Derecho a una vida sexual libre de violencia, sin el riesgo de contraer una infección de transmisión sexual (ITS) o de un embarazo no deseado.
• Derecho a una maternidad saludable y segura.
• Derecho a regular la fecundidad, que incluye la anticoncepción de emergencia.
• Derecho a interrumpir el embarazo dentro del marco de la ley en cada país.
• Derecho a la información sobre salud sexual y reproductiva.
• Derecho al acceso de servicios de salud sexual y reproductiva.

En base a este mandato, y reconociendo que la violencia sexual es un grave problema de vulneración de los derechos humanos, especialmente de las mujeres, y se constituye en un grave problema de salud pública para la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe, es que el Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la FLASOG, con el apoyo de la Oficina Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA-LACRO), convocó a un concurso para alentar algunas iniciativas que se han implementado o se vienen implementando para atender, prevenir o erradicar la violencia sexual en la región ó para apoyar a las víctimas de violencia sexual, y que puedan ser compartidas como buenas prácticas que redunden finalmente en la mejora de la calidad de vida y desarrollo de las mujeres de la región.

El objetivo de este concurso fue identificar y otorgar reconocimiento a iniciativas innovadoras en la región de América Latina y El Caribe en el campo de la investigación, diagnóstico situacional, o intervención comunitaria en relación con la atención integral, prevención y erradicación de la violencia sexual contra las mujeres, así como el apoyo a víctimas de violencia sexual.

Para efectos del concurso los/as participantes podían ser organizaciones, grupos de profesionales o personas. Los/as participantes concursaron con una investigación, diagnóstico situacional, o intervención comunitaria realizada en algún país de América Latina y El Caribe orientados a la atención integral de víctimas de violencia sexual en los servicios de salud, acciones educativas y/o sanitarias para la prevención, o acciones de apoyo a víctimas de violencia sexual.

El concurso fue anunciado y difundido a través de las páginas web y bases de correos electrónicos de la FLASOG y de las Sociedades de Ginecología y Obstetricia de los países de América Latina y el Caribe, con la participación de los representantes de cada país en el Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos. Asimismo se comunicó sobre el concurso a diversas instituciones del continente. Se fijó como plazo para la recepción de los trabajos el 15 de octubre de 2010.

Los trabajos recibidos se identificaron por seudónimos utilizados por sus autores/as, que en archivo aparte adjuntaron sus nombres. Cada trabajo fue enviado a un Jurado Calificador compuesto por las doctoras Desireé Mostajo de Bolivia, Diana Galimberti de Argentina, Marina Padilla de Gil de El Salvador, Ruth De León de Panamá y Sandra Vásquez de Argentina.

El Jurado Calificador tuvo el tiempo suficiente para revisar y calificar cada trabajo utilizando un patrón pre-elaborado, sin conocer a los/as autores/as y luego, separadamente, cada integrante envió su dictamen, el mismo que fue procesado conjuntamente con los otros cuatro y dio lugar a un ranking. Fueron recibidos cinco trabajos, los mismos que son publicados en este Reporte en estricto orden de méritos, determinado por el Jurado Calificador, a cuyas integrantes les expresamos nuestro profundo agradecimiento por su invalorable ayuda.

Esperamos que la publicación de estos trabajos no solo sirva para enriquecer el bagaje científico y humanístico en relación a la violencia contra la mujer, sino que además, estas experiencias puedan ser utilizadas como ejemplo de buenas prácticas a incorporar en el manejo de las víctimas de violencia sexual y como estímulo para reportar todas aquellas iniciativas que se vienen desarrollando en el continente para proteger a las mujeres latinoamericanas.

Lima, noviembre 2010

Luis Távara Orozco
Coordinador del Comité
de Derechos Sexuales y
Reproductivos, FLASOG

Buenas prácticas para la atención de la violencia sexual contra las mujeres

Presentación
La Organización de las Naciones Unidas (UNO) definió la violencia contra las mujeres como “cualquier acto de violencia basado en género que resulta en daño físico, sexual o psicológico o sufrimiento de las mujeres, incluyendo las amenazas de tales actos, coerción o deprivación arbitraria de la libertad, sea que ocurra en la vida pública o privada”.

Estos actos incluyen abuso sexual contra las niñas, violencia relacionada a la dote, violación que incluye la violación marital y las prácticas tradicionales de abuso contra las mujeres, tales como la mutilación genital femenina. También incluye acoso sexual e intimidación en el trabajo y en la escuela, tráfico de mujeres, prostitución forzada y violencia perpetrada o condonada por el Estado, tal como la violación durante la guerra.

Vivir una vida sexual sin violencia es un derecho humano básico; sin embargo en todos los países la violencia expresada en diversas formas afecta a las mujeres de los diferentes grupos. Las mujeres que se encuentran más desamparadas y las que viven en escenarios de disturbios civiles, conflictos o guerra corren aún mayor riesgo de padecer la violencia. La edad no es una barrera que evita la violencia, puesto que las niñas, las adolescentes y las mujeres adultas pueden sufrir lesiones físicas y sicológicas y, en casos extremos, la muerte. Sin embargo, son las mujeres en edad reproductiva las que quizás afrontan las mayores consecuencias. Si la mujer es víctima de violencia puede sufrir repercusiones que duran toda la vida, y las que padecen abuso durante la niñez corren aún mayores riesgos de convertirse en víctimas durante su edad adulta.

La tolerancia social de la violencia hace difícil que la mujer denuncie el abuso físico y sexual y por tanto la información estadística se hace cuestionable. Por otro lado, los profesionales de la salud, debido a su orientación eminentemente biomédica, no indagan en las mujeres que atienden, no le dan la debida importancia, porque consideran que es un asunto privado y las mujeres que han sido violentadas sexualmente evitan hacer una denuncia por cuanto no confían en los proveedores de salud, ni en los que imparten justicia.

Alrededor del mundo, al menos una mujer de cada tres ha sido agredida o coaccionada sexualmente, o ha sido víctima de alguna otra forma de abuso sexual alguna vez en su vida, y el abusador con frecuencia es un miembro de su propia familia.

Una de las formas más comunes de violencia contra las mujeres es el abuso por parte de sus maridos o parejas íntimas, quienes la ejercen como una forma de control sobre ellas. La coerción sexual existe como un continuo, desde la violación forzada hasta otras formas de presión que empujan a las niñas y mujeres a tener sexo en contra de su voluntad. Para muchas mujeres la iniciación sexual fue un hecho traumático acompañado de fuerza y miedo.

La violencia existe desde siempre, pero recién en las ultimas tres décadas del siglo XX se le empieza a tratar en forma abierta, lo que originó la elaboración de políticas públicas en algunos países luego de las Conferencias de El Cairo y Beijing.

Dado que la violencia sexual es un problema de salud pública y de derechos humanos y que esta agresión contra la mujer provoca graves consecuencias físicas, mentales y sociales, así como graves secuelas en la vida sexual y reproductiva, el Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de FLASOG quiere ofrecer a los lectores de este reporte de consultoría una relación de buenas prácticas en la prestación de servicios para la atención de víctimas de violencia sexual que se están dando en América Latina y El Caribe, no sin antes agradecer a los doctores José David Ortiz Mariscal de México y Cristiao Rosas de Brasil por sus excelentes aportes a esta publicación.

Lima, noviembre 2010

Luis Távara Orozco
Coordinador del Comité de Derechos Sexuales
y Reproductivos, FLASOG

 

Propuesta de estándares regionales para la elaboración de protocolos de atención integral temprana a víctimas de violencia sexual

Presentación
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) definió la violencia contra las mujeres como “cualquier acto de violencia basado en género que resulta en daño físico, sexual o psicológico o sufrimiento de las mujeres, incluyendo las amenazas de tales actos, coerción o deprivación arbitraria de la libertad, sea que ocurra en la vida pública o privada”.

La violencia contra las mujeres incluye abuso sexual contra las niñas, violencia relacionada a la dote, la violación –que comprende la violación marital y las prácticas tradicionales de abuso contra las mujeres, como la mutilación genital femenina–. También incluye el acoso sexual e intimidación en el trabajo y en la escuela, tráfico de mujeres, prostitución forzada y violencia perpetrada o condonada por el Estado, tal como la violación durante la guerra.

Vivir una vida sexual sin violencia es un derecho humano básico. Sin embargo, en todos los países la violencia expresada en diversas formas afecta a las mujeres de los diferentes grupos. Las mujeres que se encuentran más desamparadas y las que viven en escenarios de disturbios civiles, conflictos o guerra corren aún mayor riesgo de padecer la violencia.

La edad no es una barrera que evita la violencia, puesto que las niñas, las adolescentes y las mujeres adultas pueden sufrir lesiones físicas y psicológicas y, en casos extremos, la muerte. Sin embargo, son las mujeres en edad reproductiva las que quizás afrontan las mayores consecuencias. Si la mujer es víctima de violencia puede sufrir repercusiones que duran toda la vida, y las que padecen abuso durante la niñez corren aún mayores riesgos de convertirse en víctimas durante su edad adulta.

La tolerancia social de la violencia hace difícil que la mujer denuncie el abuso físico y sexual, por tanto la información estadística resulta cuestionable. Los profesionales de la salud, debido a su orientación eminentemente biomédica, no indagan en las mujeres que atienden, no le dan la debida importancia, porque consideran que es un asunto privado. A su vez, las mujeres que han sido violentadas sexualmente evitan hacer una denuncia por cuanto no confían en los proveedores de salud, ni en los que imparten justicia.

Alrededor del mundo, al menos una mujer de cada tres ha sido agredida o coaccionada sexualmente, o ha sido víctima de alguna otra forma de abuso sexual alguna vez en su vida; el abusador con frecuencia es un miembro de su propia familia. Una de las formas más comunes de violencia contra las mujeres es el abuso por parte de sus maridos o parejas íntimas, quienes la ejercen como una forma de control sobre ellas. La coerción sexual existe como un continuo, desde la violación forzada hasta otras formas de presión que empujan a las niñas y mujeres a tener sexo en contra de su voluntad. Para muchas mujeres la iniciación sexual fue un hecho traumático acompañado de fuerza y miedo.

La violencia existe desde siempre, pero recién en las últimas tres décadas del siglo XX se le empieza a tratar en forma abierta, lo que originó la elaboración de políticas públicas en algunos países luego de las Conferencias de El Cairo y Beijing.

Dado que la violencia sexual es un problema de salud pública y de derechos humanos y que esta agresión contra la mujer provoca graves consecuencias físicas, mentales y sociales, así como graves secuelas en la vida sexual y reproductiva, el Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de FLASOG ofrece a los lectores de este reporte de consultoría una propuesta de los estándares regionales para la atención de la violencia sexual. El autor de la misma, que cuenta con su amplia experiencia, hizo una extensa consulta bibliográfica y una revisión de los protocolos y guías de manejo
a víctimas que se han editado en diferentes países de América Latina y El Caribe –que permite realizar una comparación entre los mismos–, con el propósito de contribuir a unificar criterios en el manejo de este importante problema de salud.

El editor de este reporte quiere agradecer en nombre del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de FLASOG a los doctores José David Ortiz Mariscal, de México, y Cristiao Rosas, de Brasil, por sus excelentes aportes a esta publicación.

Lima, diciembre 2010

Luis Távara Orozco
Coordinador del Comité de Derechos Sexuales
y Reproductivos, FLASOG

Violaciones Sexuales en el Perú 2000-2009, un informe sobre el estado de la situación

Las violaciones sexuales son un delito frecuente en América Latina. El Perú es uno de los países con más altas tasas de denuncias por violaciones sexuales de la región y en donde la violencia sexual es un fenómeno extendido en todos los sectores económicos, grupos de edad y espacios urbanos y rurales. .

Sin embargo, las investigaciones en torno al fenómeno de las violaciones sexuales han sido escasas.

Si bien en la primera década del siglo XXI ha crecido la atención en los problemas de seguridad ciudadana, la violencia sexual en general y las violaciones sexuales en particular, han recibido una atención periférica por parte de las instituciones del Estado y por gran parte de la sociedad civil y los medios de comunicación. No son delitos “espectaculares” y, por ello, suelen estar lejos de los titulares de los diarios; no son fruto del crimen organizado y, por ello, no tienen unidades especializadas de combate y persecución.

Son delitos que atacan la libertad de las personas en su vida más intima y, la mayor parte de las veces, no son denunciados. A pesar de eso, el volumen de las denuncias ubica al Perú entre los países con más altas tasas de violaciones sexuales del continente y revelan la precariedad de la situación y la violencia extendida en nuestro país.

Este informe tiene como objetivo organizar la información pública existente y disponible sobre las violaciones sexuales en el Perú durante la década 2000-2009, para elaborar un estado de la situación de la investigación sobre el fenómeno.