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Propuesta de estándares regionales para la elaboración de protocolos de atención integral temprana a víctimas de violencia sexual

Propuesta de estándares regionales para la elaboración de protocolos de atención integral temprana a víctimas de violencia sexual

Presentación
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) definió la violencia contra las mujeres como “cualquier acto de violencia basado en género que resulta en daño físico, sexual o psicológico o sufrimiento de las mujeres, incluyendo las amenazas de tales actos, coerción o deprivación arbitraria de la libertad, sea que ocurra en la vida pública o privada”..

La violencia contra las mujeres incluye abuso sexual contra las niñas, violencia relacionada a la dote, la violación –que comprende la violación marital y las prácticas tradicionales de abuso contra las mujeres, como la mutilación genital femenina–. También incluye el acoso sexual e intimidación en el trabajo y en la escuela, tráfico de mujeres, prostitución forzada y violencia perpetrada o condonada por el Estado, tal como la violación durante la guerra.

Vivir una vida sexual sin violencia es un derecho humano básico. Sin embargo, en todos los países la violencia expresada en diversas formas afecta a las mujeres de los diferentes grupos. Las mujeres que se encuentran más desamparadas y las que viven en escenarios de disturbios civiles, conflictos o guerra corren aún mayor riesgo de padecer la violencia.

La edad no es una barrera que evita la violencia, puesto que las niñas, las adolescentes y las mujeres adultas pueden sufrir lesiones físicas y psicológicas y, en casos extremos, la muerte. Sin embargo, son las mujeres en edad reproductiva las que quizás afrontan las mayores consecuencias. Si la mujer es víctima de violencia puede sufrir repercusiones que duran toda la vida, y las que padecen abuso durante la niñez corren aún mayores riesgos de convertirse en víctimas durante su edad adulta.

La tolerancia social de la violencia hace difícil que la mujer denuncie el abuso físico y sexual, por tanto la información estadística resulta cuestionable. Los profesionales de la salud, debido a su orientación eminentemente biomédica, no indagan en las mujeres que atienden, no le dan la debida importancia, porque consideran que es un asunto privado. A su vez, las mujeres que han sido violentadas sexualmente evitan hacer una denuncia por cuanto no confían en los proveedores de salud, ni en los que imparten justicia.

Alrededor del mundo, al menos una mujer de cada tres ha sido agredida o coaccionada sexualmente, o ha sido víctima de alguna otra forma de abuso sexual alguna vez en su vida; el abusador con frecuencia es un miembro de su propia familia. Una de las formas más comunes de violencia contra las mujeres es el abuso por parte de sus maridos o parejas íntimas, quienes la ejercen como una forma de control sobre ellas. La coerción sexual existe como un continuo, desde la violación forzada hasta otras formas de presión que empujan a las niñas y mujeres a tener sexo en contra de su voluntad. Para muchas mujeres la iniciación sexual fue un hecho traumático acompañado de fuerza y miedo.

La violencia existe desde siempre, pero recién en las últimas tres décadas del siglo XX se le empieza a tratar en forma abierta, lo que originó la elaboración de políticas públicas en algunos países luego de las Conferencias de El Cairo y Beijing.

Dado que la violencia sexual es un problema de salud pública y de derechos humanos y que esta agresión contra la mujer provoca graves consecuencias físicas, mentales y sociales, así como graves secuelas en la vida sexual y reproductiva, el Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de FLASOG ofrece a los lectores de este reporte de consultoría una propuesta de los estándares regionales para la atención de la violencia sexual. El autor de la misma, que cuenta con su amplia experiencia, hizo una extensa consulta bibliográfica y una revisión de los protocolos y guías de manejo
a víctimas que se han editado en diferentes países de América Latina y El Caribe –que permite realizar una comparación entre los mismos–, con el propósito de contribuir a unificar criterios en el manejo de este importante problema de salud.

El editor de este reporte quiere agradecer en nombre del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de FLASOG a los doctores José David Ortiz Mariscal, de México, y Cristiao Rosas, de Brasil, por sus excelentes aportes a esta publicación.


Lima, diciembre 2010

Luis Távara Orozco
Coordinador del Comité de Derechos Sexuales
y Reproductivos, FLASOG

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